MIGAJAS PARA HOY, HAMBRE PARA MAÑANA
MIGAS PARA HOY, HAMBRE PARA MAÑANA
Análisis del Decreto Ley del 31/03
El pasado martes 31 de marzo el Gobierno español aprobó un decreto
ley mediante el cual ponía en marcha una serie de medidas
económicas y sociales para “proteger el empleo, ayudar a los más
vulnerables y mantener el tejido productivo”. Entre estas medidas
hay algunas que conciernen directamente la vivienda, sobre todo al
régimen de alquiler. En este texto nos centraremos en estas medidas
de ayuda al alquiler:
Primeramente, presentaremos un resumen de las mismas; seguidamente,
las analizaremos desde la perspectiva de clase, es decir,
evidenciaremos su esencia reformista y buscaremos las consecuencias
que tendrán a corto y medio plazo sobre el proletariado; finalmente,
aportaremos algunas claves políticas que nos permiten entenderlas en
el contexto de la lucha de clases y que fundamentan nuestra praxis
política.
Resumimos rápidamente las medidas aprobadas para ayudar “al
alquiler y a los inquilinos vulnerables”:
- En primer lugar durante 6 meses desde la entrada en vigor del
estado de alarma se suspenden los desahucios para los hogares
vulnerables y sin alternativa habitacional.
- De la misma forma, hasta que dure el estado de alarma no se podrán
suspender los suministros básicos (electricidad, gas, agua,
telecomunicación fija y móvil) a los consumidores domésticos.
- Para evitar abusos por parte de los arrendadores, los contratos de
alquiler que venzan en 3 meses son prorrogados automáticamente a 6
meses.
A parte estas medidas generales en cuanto a la vivienda, que
explícitamente aplazan algún mes los problemas padecidos por los
“inquilinos vulnerables”, el Gobierno ha predispuesto una serie
de medidas de ayuda directa al alquiler. Siguiendo el esquema que
hemos publicado recientemente, estas ayudas se pueden resumir así:
1. Tendrán acceso a estas ayudas las personas que pueden demonstrar
estar en situación de vulnerabilidad social o económica,
lo cual presupone estos
requisitos:
- No ser propietario de ningún inmueble;
- Pérdida
sustancial de la fuente de ingresos debido al COVID-19:
paro, ERTE, etc.;
- Que lo ingresos del mes anterior a la solicitud no superen tres
veces el IPREM (1613,52€);
- Que el pago de los suministros y la renta suponga más del 35% de
los ingresos.
2. Si el propietario del inmueble en alquiler es una empresa, una
entidad pública o un gran tenedor (es decir una persona física con
diez o más inmuebles en propiedad) hay dos posibilidades:
- Moratoria del pago de los alquileres durante el estado de alarma y
prorrogable a un máximo de 4 meses. En este caso la deuda derivada
de la moratoria sería fraccionada a lo largo de 3 años (si el
contrato fuera anual y no indefinido, este plazo se reduciría).
- 50% de reducción de la renta durante el estado de alarma y
prorrogable a un máximo de 4 meses.
3. Si el arrendador es una persona física con menos de 10 inmuebles
en propiedad (lo que se suele llamar un ‘pequeño
propietario’ o
‘particular’)
puede decidir voluntariamente si aceptar un pago reducido o
aplazado, bajo los mismos requisitos aplicados en el caso de los
grandes propietarios. Si el pequeño propietario no acepta, el
inquilino debería solicitar ayudas a la renta, que pueden serle
otorgadas de dos formas:
- Microcréditos por parte del ICO (banco público), el cual dará
avales a bancos para que éstos concedan préstamos sin intereses a
pagar hasta en 14 años;
- Ayudas al alquiler, hasta 900€.
La cantidad y las condiciones de las mismas quedan en manos de las
Comunidades Autónomas.
A pesar de que muchos agentes sociales y colectivos políticos las
tildan de ‘insuficientes’, debemos reconocer que son medidas muy
progresistas; pero, en este caso hay que colocarlas en su justa
dimensión. Su función no es la de paliar la miseria estructural
del proletariado, sino la de paliar su
miseria momentánea e inmediata,
para contener un posible
estallido social debido a las consecuencias directas
de la crisis sanitaria,
al mismo tiempo en
el que
busca proteger los intereses del capital.
Esta
idea se evidencia tomando en
consideración dos factores anteriores al decreto: Si comparamos las
medidas aprobadas en el
decreto con lo propuesto inicialmente por sectores del Gobierno,
queda claro que han desaparecido medidas como
la regulación del precio de alquileres propuesta
en el primer borrador. Aun
mas perceptible si comparamos
este decreto de marzo con
el pacto en materia de vivienda entre PSOE y Podemos alcanzado el
pasado enero, que incluía
cosas como techo al precio
del alquiler, incremento de
la vivienda social, etc.
Así es que el decreto
consigue proteger los intereses de los capitalistas: no les quita el
control de sus mercancías y simplemente, en
el peor de los casos, aplaza
algún mes sus ganancias.
Desde
el punto de vista del estatus quo,
se prefiere poner diques de contención a la rabia social y
esparcirla en los meses siguientes, de
ese modo, no estará concentrada
en la misma fracción temporal. Nos
reparten migas para quitarnos el hambre,
porque el momento
actual posee en sí mismo
un potencial de estallido enorme, debido a la evidente crisis
sanitaria y económica y a las medidas draconianas del Estado, que
han creado en la población una fuerte concentración de malestar.
Nuestro moderno Dracón lo sabe muy bien, y es por eso que ha tomado
medidas, al parecer tan progresistas, para paliar momentáneamente
ese malestar y diluirlo en los próximos meses.
Todo
esto desde el punto de vista del Estado. Pero, ¿qué pasa si
analizamos esas medidas desde
la óptica del proletariado
más desposeído? Pues, nos enteraríamos que el decreto es hasta
insuficiente para paliar la miseria social, tanto
en el corto como en el medio plazo. Vamos a ver, entonces, las
consecuencias inmediatas del decreto:
Primero, las ayudas se otorgarán a personas afectadas por las
medidas contra la crisis sanitaria, así que la situación de
vulnerabilidad social y económica, de repente parece ser una
innovación del coronavirus, y no una plaga ineliminable del
capitalismo. De hecho, hasta cuando se reconoce la preexistencia de
la condición de vulnerabilidad, los requisitos para al acceso a las
ayudas piden demonstrar los efectos del COVID-19 (paro, ERTE, etc.).
En segundo lugar, y esto es muy relevante ya que constituye un
carácter fundamental del reformismo y de su fijación por la
legalidad, las ayudas al alquiler dejan de lado a todas aquellas
personas que ya se encontraban “en situación de vulnerabilidad”
antes de la crisis y que sin embargo, no están legalmente
protegidas: las que no tenían contrato de alquiler, las que no
tenían contrato laboral, las que no tenían padrón, etc. En suma,
todas esas personas cuya subsistencia se desarrolla en los margenes
de la supuesta universalidad de la legalidad burguesa. Esta es la
capa más desposeída del proletariado, con condiciones más
precarias y nuestro amigo el reformismo la deja totalmente
desprotegida. Para esta capa, las medidas del Estado no son más que
burocracia, pérdida de tiempo y gasto de papeles. Tanto es así, que
ya desde una lectura inmediata del decreto, la quimera de los
progresistas se resquebraja y sus pedazos se nos presentan como la
restitución del orden previo.
Vamos a considerar ahora las consecuencias del decreto una vez se
haya acabado el estado de alarma.
Hemos mencionado que el Gobierno ha optado por no regular el precio
de los alquileres y dejar el control de los medios de subsistencia en
la exclusiva de los grandes tenedores. Dos consecuencias de esta
elección caerán encima del proletariado, una directa y otra
indirecta. Primero, en un contexto en el que es muy probable que la
tasa de desempleo suba considerablemente y que los salarios bajen, es
posible que a una gran capa de la clase trabajadora le resulte cuanto
menos difícil pagar el mismo alquiler de antes. De aquí,
desahucios, caída de las condiciones materiales en cuanto a la
vivienda, etc. a un nivel aún más agudo que el alcanzado antes del
estado de alarma.
En segundo lugar, en todo contexto de crisis capitalista se empujan
procesos de centralización, y esto se aplica también por lo que
concierne el mercado de la vivienda. Ya desde antes del coronavirus
eran los grandes propietarios (bancos, fondos buitre, etc.) quienes
dirigían dicho mercado, regulando el precio de los inmuebles a su
antojo mediante el control de la masa de viviendas en régimen de
alquiler disponibles en el mercado. Es de esperar, que gracias a esta
nueva crisis acumulen entre sus manos un número mayor de viviendas
por vía de la quiebra de los pequeños propietarios. El proceso de
centralización del capital en forma de mercancía-vivienda les
otorgará aún más poder en el mercado, y profundizará en la
relación de clase escondida tras los precios de los alquileres.
Ahora, mas allá del ‘alivio inmediato’ que pudieran suponer
estas medidas, debemos analizarlas en el contexto de nuestros
intereses a largo plazo, es decir tenemos que considerarlas desde la
perspectiva de la organización del proletariado. De hecho, estos
días vemos que las hipótesis organizativas sobre las que se basa la
actividad del Sindicato de Vivienda son confirmadas por la gestión
de la crisis sanitaria del coronavirus. Por un lado, vemos reforzada
nuestra negación de la vía de la reforma en favor de un horizonte
estratégico de acumulación de fuerzas, creación de instituciones
proletarias para la construcción del poder proletario. Por otro
lado, es cada vez más evidente el proceso de proletarización que se
sitúa en la base analítica de nuestra estrategia, y que fundamenta
nuestra apuesta a la creación de la organización de clase.
No nos alargaremos mucho más sobre el reformismo, pero añadimos
ahora unas breves consideraciones: En general, cualquier medida
reformista es una medida de contención. De hecho, el reformismo
sirve al capital para aguar políticamente las contradicciones del
capitalismo, los efectos de la desposesión de los productores
directos de la sociedad y la miseria estructural que está en los
cimientos de este modo de producción. Dicho de otra forma, sirve
para impedir cualquier organización autónoma del proletariado y
garantizar que el proceso de acumulación siga sin trabas.
No siempre, pero, es fácil desenmascararlo, ya que se oculta tras
un disfraz de humanidad y bondad política. Pero, en el caso de la
reforma parcial de las ayudas al alquiler, queda evidente que es un
reformismo que se auto-contiene temporalmente, dejando así desnuda
la verdadera cara del reformismo: contención social y poco más.
Como ya mencionado, basta con mirar a los plazos estipulados en el
decreto para darse cuenta de que ésto es migajas para hoy y hambre
para dentro de 6 meses. Las medidas prevén amortiguar el bache y
contener una posible sublevación. En este sentido, asumen un
carácter partidista, intentando contener un enfado que no
deterioraría el Estado, pero sí el Gobierno de turno. Además, en
le corto-medio plazo estas medidas garantizan abaratar el coste de la
fuerza trabajo, sobre todo si se llevan a cabo reformas laborales
para ayudar la burguesía a relanzar el proceso de acumulación.
Dicho de otra forma, aunque a ciertos sectores del Estado de verdad
les interesen las vidas de sus ciudadanos menos protegidos, en
realidad, sus acciones no hacen otra cosa que empeorar en el medio
plazo sus condiciones de vida.
En la coyuntura actual, el señalamiento de la vía de la reforma y
la toma de compromiso para con un proceso de liberación social real,
más allá de la defensa inmediata de nuestras condiciones de vida,
asumen plena vigencia y valor. Pero, es sobre todo con la crisis en
ciernes que vemos reforzadas algunas de las hipótesis del Sindicato
de Vivienda y del Ildo Sozialista en general.
La
decadencia del
sistema capitalista ha sufrido
una aceleración notable, asumiendo la forma de una crisis debida a
un paro de la producción. Pero no debemos achacar toda la
culpa de la crisis económica a la gestión de la crisis sanitaria.
De hecho, los efectos económicos de la última, no hacen más que
sumarse a tendencias preexistentes al COVID-19, que se han
ensombrecido por el fenómeno, pero que son las causas reales de la
crisis que estallará en los próximos meses (guerra comercial entre
China y EEUU, inestabilidad de los mercados financieros, etc.). En
los próximos meses necesitaremos dejar claro que no es un
desgraciado coronavirus quien ha traído consigo la crisis. Además,
parece cada vez mas palpable la tendencia del capitalismo a
profundizar en el proceso de proletarización. Bajan las condiciones
de vida de gran parte de la clase trabajadora, y no bajan sólo
temporalmente, sino que quedarán en vilo ante un futuro incierto.
Las medidas que los Estados de media Europa están tomado para
contener la crisis sanitaria se fundamentan en un fuerte aumento de
la deuda pública. El Estado garantiza, endeudándose, los intereses
de la burguesía, bien para evitar el estallido social y el odio de
clase, bien para contener la disgregación del tejido productivo de
plusvalor. Esto se evidencia no sólo mirando las medidas económicas
para la gestión del estado de alarma, en general, sino también
analizando los microcréditos a arriendos en ayuda al alquiler. El
Estado está dispuesto a asumir el 100% del riesgo de impago,
avalando los créditos a bancos, antes que hacer perder a los
propietarios un sólo euro. Esos microcréditos son avalados por el
ICO, es decir la Agencia Financiera del Estado. El ICO se financia en
los mercados internacionales de capitales, sin recibir fondos ni
subvenciones estatales, pero el Estado puede hacer aportaciones
anuales al ICO dirigidas a mantener su nivel de solvencia. Si, como
es previsible, la solvencia de los inquilinos baje a causa de la
crisis económica, el ICO tendrá que hacer frente a una notable
pérdida de capitales, que podrían llegar a poner en riesgo su
solvencia. En este caso, el Estado tendrá que intervenir inyectando
liquidez en los fondos del ICO. Es así que, aunque el gasto directo
del Estado inmediatamente no represente un aumento en la deuda
pública, en el medio plazo sí que se acabará por convertirse en
ella.
Bien, se puede prever un aumento de la deuda pública, pero, ¿quién
la paga, y en qué condiciones?
Primero, en el capitalismo todo tipo de riqueza social está
producida mediante el robo de tiempo de trabajo, es decir, mediante
los mecanismos de producción de plusvalía. También el dinero que
se mueve por los bancos guarda este origen, y el sistema de crédito
no hace más que ocultar los orígenes de esa riqueza, haciéndola
aparecer como dinero que produce dinero. Por lo tanto, el aumento de
la deuda pública es posible gracias a la expropiación de los
trabajadores, que la financian directamente.
Segundo, la
deuda pública es la única parte de la llamada
‘riqueza de una
nación’ de la que
es participe el proletariado. Si, tras el estado de alarma la
economía se recupera, los propietarios no habrán perdido nada, pero
al proletariado le tocará pagar su deuda, directa e indirectamente,
en la misma condición previa a la crisis sanitaria pero con más
deudas públicas e individuales. Si, sin embargo, la capacidad de
acumulación de la burguesía se reduce, se llevarán adelante
medidas para empujar la economía a costa del proletariado, el cual
seguirá endeudado por las medidas para contener la pandemia, y
además se encontrará sin trabajo e incapaz de reponerse. Así es
que las medidas que dicen ser para mejorar nuestra situación a corto
plazo (y como hemos visto hasta en el corto plazo son limitadas), se
obtendrán a costa de empeorarla en el medio plazo.
A pesar de toda la deuda pública que el reformismo y la
socialdemocracia tengan la capacidad de crear y gestionar, es la
clase trabajadora la que la pagará con su sudor y sangre, inmersa
como está en la crisis capitalista que profundiza en la relación
despótica de clase y en el proceso de proletarización. Sabemos que
sin una alternativa comunista, el proletariado está condenado a
subsistir en esta nociva relación, a conformarse con los alivios de
la reforma. Sólo un horizonte de posibilidad se abre entonces ante
nosotros: la vivienda gratuita universal y de calidad, la sociedad
comunista.
Nada es imposible, todo se organiza.
